Opiniones Principales

Reforma energética y corrupción, vicio de origen

Lic. Armando Saucedo Monarque  @saucedomonarque

La llegada a México de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex coordinador de relaciones internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y posteriormente director general de la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos en su administración, para responder sobre los cargos de corrupción, blanqueo de dinero y delincuencia organizada, abre las posibilidades de un maxiproceso que lleve a la cárcel a los principales exponentes de la corrupción pública y privada en los gobiernos del PRI y del PAN.

En los medios de comunicación se ha filtrado la información sobre un acuerdo alcanzado por el extraditado y la Fiscalía General de la República, en el cual el inculpado se compromete a proporcionar información sobre la autoría y comisión de delitos que se le imputan a cambio de beneficios en su condena, como podrían ser la reducción de la pena o el inejercicio de la acción penal, si su cooperación conduce a la persecución de delitos mayores e implicados en los mismos, en particular los cometidos por los funcionarios de primer nivel de las administraciones de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y miembros de las cámaras del Congreso de la Unión que, entre otras cosas, condujo a la aprobación de  la reforma energética.

En esta ocasión propongo detenernos en el tema de la corrupción de los diputados y senadores que vendieron su voluntad para votar a favor de la reforma energética, de tan profundo calado que llevó al cambio de paradigma en relación a los bienes nacionales tutelados originalmente en el artículo 27 de la constitución federal, pues a partir de la reforma en mención, tuvo cabida la iniciativa privada en la explotación, uso y aprovechamiento comercial de las energías reservadas a la nación, con base en contratos sucios y desventajosos para el patrimonio nacional y para los mexicanos en general que, además, implicó en los hechos una política de estado tendiente al desmantelamiento de las empresas productivas del estado PEMEX y CFE.

En consecuencia, no hay duda que el origen de la reforma energética es producto de una voluntad viciada por conductas delincuenciales de los corruptores y corrompidos, en una asociación delictiva propia del crimen organizado para robarse los bienes nacionales, en perjuicio de los mexicanos y en beneficio de los particulares. En consecuencia, la tipificación de la conducta delincuencial no tiene pierde, ­­ pero ¿qué pasará con la reforma y los actos celebrados al amparo de las mismas? ¿cuáles podrían ser las consecuencias?, a mi juicio deberían ser las siguientes:

La persecución penal y el castigo a la clase política corrupta, corruptores y corrompidos, incluyendo desde luego presidentes de la república porque las reformas son una traición a la patria, funcionarios del gabinete, diputados, senadores y privados involucrados, no excluir a nadie del pago de la pena corporal y sobre todo del resarcimiento del daño patrimonial, pues obvio que ante tal atraco ningún delincuente merece perdón, sin excepción.

Promover que el Congreso de la Unión apruebe una nueva reforma energética que rescate el espíritu del constituyente del 1917, sobre los bienes originales de la nación.

Buscar por todos los medios la cancelación de los contratos sucios que tengan por objeto las energías, incluyendo las limpias, propiedad de la nación, no podemos olvidar que tienen su origen en la corrupción, aunque formalmente y solo formalmente aparentemente sean legales; no debemos permitir que, en el caso quede en el olvido que tienen vicios de origen y que son consecuencia directa de actos de corrupción de delincuentes pertenecientes a la partidocracia o a los privados que han dejado en bancarrota a la nación.

Porque todos estos actos son producto de conductas criminales, asociadas para apropiarse de los bienes nacionales mediante la maquinación de una reforma energética viciada de origen, producto de voluntades y votos comprados los cuales no pueden, ni deben tener ningún valor jurídico y/o político, porque los intereses nacionales están por encima de cualquier formulismo o tecnicismo legal es hora de que la ley marche junto a la justicia.

Guaymas, Sonora a 24 de julio de 2020.

 

 

 

 

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