Opiniones Principales

Reforma del régimen de pensiones

 

En México el sistema de pensiones tramitado a través de las AFORES, está a punto de probar lo que siempre se dijo del mismo, que solo garantiza la precariedad económica a los trabajadores o trabajadoras que se retiren bajo ese esquema, pues dictámenes actuariales estimaron que, de seguir en la ruta trazada, los futuros pensionados solo lograrían a lo sumo una pensión equivalente al 30% de su último salario

Por Lic. Armando Saucedo Monarque  @asaucedomonarque 

Andrés Manuel López Obrador anunció la reforma al sistema de pensiones consensuada entre el Consejo Coordinador Empresarial, el Congreso del Trabajo y el Gobierno Federal, que debe de materializarse en la iniciativa de ley que presentará el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, próximamente.

Bajo el falso argumento de que, las pensiones establecidas a favor de los trabajadores y trabajadoras en la Ley del Seguro Social vigente a partir de enero de 1943, llevaban a la ruina al Instituto Mexicano del Seguro Social, la patronal ha presionado históricamente para que la participación obrera de la cuotas obrero-patronales se incrementara para garantizar la supervivencia del instituto, a la par el Estado mexicano bajo la bandera del neoliberalismo inició una política de ahogamiento financiero del instituto, con miras a favorecer la mercantilización de los servicios de seguridad social y el desmantelamiento de las conquistas sindicales de los trabajadores y trabajadoras del instituto, en complicidad con los líderes corruptos que aceptaron la eliminación de cláusulas contractuales, que garantizaban la seguridad laboral y social y una vida digna en el retiro de los agremiados en el sindicato.

La reforma a la Ley del Seguro Social de 1995, que entró en vigencia el día 1 de julio de 1997, abrió el camino a la privatización de uno de los ejes fundamentales de la construcción constitucional del Estado mexicano, los derechos sociales establecidos en la parte dogmática de la norma suprema, como garantía de los derechos humanos de los y las mexicanas en diversos aspectos de la vida privada y social, al permitir que empresas mercantiles conocidas comúnmente como las AFORES manejen los fondos de retiro que los trabajadoras y trabajadores acumulaban en sus cuentas individuales de retiro, cobrando una excesiva y abusiva comisión por ello e invirtiendo el ahorro de los trabajadores mexicanos en proyectos productivos que, supuestamente al generar utilidades, incrementarían el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, de tal manera que al final de su vida activa laboral gozarían de una saludable pensión, que garantizaría su derecho a una vida digna en el retiro. Sin embargo, la crisis de las pensiones, ejemplificada en el caso chileno, dieron al traste con los sueños del vendedor de fantasías mercantilistas.

En México el sistema de pensiones tramitado a través de las AFORES, está a punto de probar lo que siempre se dijo del mismo, que solo garantiza la precariedad económica a los trabajadores o trabajadoras que se retiren bajo ese esquema, pues dictámenes actuariales estimaron que, de seguir en la ruta trazada, los futuros pensionados solo lograrían a lo sumo una pensión equivalente al 30% de su último salario, dando al traste con las expectativas de una vida digna en el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, bajo los paradigmas que rigen al mercado, que solo benefician al dinero y nunca favorece a la vida.

Ante esta lamentable situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por reforzar ese sistema de pensiones y para tal efecto anunció que enviará una iniciativa de ley de reformas a la Ley del Seguro Social y otras normativas, que contemplen la reducción de las semanas de cotización necesarias para lograr una pensión para el retiro, incrementar la pensión mínima garantizada, el aumento de las aportaciones patronales en un lapso de ocho años y de la estatal, ampliar el universo de proyectos de inversión con los fondos para el retiro, entre las más importantes y de todos conocidas porque han ocupado la agenda social, lo que significa un solo paliativo, pero no la solución de fondo del problema de las pensiones en México.

En efecto, el sistema de ahorro para el retiro es un esquema regido por las leyes del mercado, mercantiliza los fondos constituidos con los ahorros de los trabajadores, con un costo de administración excesivo para los empleados, quienes al final del día pagan para que las AFORES lucren con su dinero sin obtener ninguna ganancia y finalmente les tiran con una pensión para un retiro lleno de carencias y mala calidad de vida.

Por eso es válido pugnar porque sea el Estado que administre los fondos para el retiro, en tanto son bienes públicos, ya que los privados han sido incapaces de garantizar una pensión digna al trabajador o trabajadora y necesitan del subsidio estatal para que estos tengan un pensión mínima garantizada que, por ese solo hecho, demuestra y pone en evidencia el fracaso del sistema privado de administración de los fondos para el retiro.

 

 

 

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