Opiniones Principales

La Insolvencia del Isssteson

Mario Alberto Campa Molina. Docente especializado en Política Económica (ITAM 2011 y Columbia 2015). Twitter: @mario_campa

El argot financiero define insolvencia como la incapacidad de pagar una deuda. Para efectos actuariales, el Instituto está quebrado y se aferra a la vida como un paciente en coma conectado a un ventilador médico, alimentado por un presupuesto estatal con un espacio fiscal cada vez más comprimido. Ni el diagnóstico ni el pronóstico de vida son alentadores.

El año 2019 fue particularmente desestabilizador para las precarias finanzas del Isssteson. Según cifras oficiales del Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación de las Finanzas Públicas Estatales, el Instituto registró un déficit por mil 275 millones de pesos. En términos llanos, operó en números rojos debido a que sus egresos superaron abultadamente a los ingresos.

El ahora exdirector Pedro Contreras—trasladado a Sonora cuando se dio una fuga de cuadros beltronistas del Poder Legislativo ante la inminente derrota electoral del 2018—confirmó los números en una entrevista posterior. Ya desde ese mismo año, al tomar las riendas del Instituto, había declarado lo siguiente: “¿Por qué es urgente atender Isssteson?, por la posibilidad latente de tener que declarar al Instituto en insolvencia financiera”. Tras dos infructuosos años, la actual administración no solo ha fracasado en revertir el declive, sino que ha agudizado la pendiente negativa.

Según los datos oficiales, el continuo déficit ha llevado a un incremento de pasivos. Desde el inicio de la presente administración estatal a la fecha, el endeudamiento del Isssteson se disparó de sólo 4 mil 866 mdp a 9,062.4 mdp: 519 millones en adeudo al personal; 978 a proveedores; 2128 a subrogaciones y Fovisssteson (comprometiendo, además, los créditos de vivienda de los trabajadores); 2919 a pensionados y jubilados; 1181 a impuestos y contribuciones, y 200 a un crédito de corto plazo contratado en 2019 ante la apremiante situación de iliquidez para el pago de aguinaldos.

Incluso, otorgando el beneficio de la duda a Pedro Contreras, sobre la necesidad de incorporar ciertos ingresos faltantes al ejercicio fiscal, la situación es insostenible. Durante los dos últimos años, el gobierno estatal ha canalizado presupuestalmente al menos 200 mdp en subsidio de los contribuyentes sonorenses a los derechohabientes del Isssteson, cifra subestimada ante los constantes sobre ejercicios que comprometen aún más de lo que se aparenta las finanzas del gobierno estatal.

El Isssteson ha llegado a tal punto de insolvencia que, además de cobrar las cuotas de seguridad social más altas en México y brindar magros servicios financieros de vivienda, ha tenido que recurrir a transferencias del resto de la población—buena parte de ella sin seguridad social alguna, irónicamente—y anunciar una nueva subasta de predios propiedad de todos los sonorenses para intentar paliar una enfermedad crónica.

El Isssteson acumula años de prácticas nocivas y vicios administrativos: corruptelas en la compra de medicamentos, jubilaciones discrecionales a contrapelo de los estándares nacional y subrogaciones infladas a hospitales privados, que han lucrado cobrando precios de monopolio y ahora exigen tras bambalinas el traspaso del Hospital Chávez y, en su momento, el canje de los terrenos del estadio Héctor Espino, por la cancelación de deudas galopantes.

Ante el envejecimiento demográfico y costos financieros rampantes, el Instituto parece condenado a tres opciones: 1) desaparecer garantizando mínimas afectaciones a los actuales derechohabientes, 2) cambiar la ley vigente para adecuar la normativa a los estándares nacionales financieramente solventes, o 3) padecer una muerte agónica que comprometa no solo a los derechohabientes, sino a todas las finanzas públicas estatales y al resto de los contribuyentes.

¿Cómo defender el federalismo fiscal ante los desgobiernos del Isssteson? La estrategia de Pedro Ángel Contreras y la actual administración fue clara: mantener al paciente conectado, sedarlo y confiar en que sea el próximo gobierno estatal quien cargue con el muertito.

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