Opiniones Principales

Justicia transicional: respuesta a la pregunta de la consulta popular

Por Lic. Armando Saucedo Monarque @saucedomonarque

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión constitucional de la materia y  de la pregunta de la consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para proceder a enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Léon, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, determinó por mayoría que la materia de la consulta era apegada a la norma constitucional y modificó la pregunta propuesta para ajustarla en concordancia con los derechos humanos y el derecho de las víctimas, para quedar como sigue:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, reformulación que no satisfizo a muchos que estaban en pro o en contra de la consulta.

Una vez sancionada por el Congreso de la Unión el resultado de la revisión constitucional hecha por la Corte en términos del artículo 35 constitucional, se procederá a emitir la convocatoria correspondiente en términos del artículo 30 de la Ley Federal de Consulta Popular y se turnará al Instituto Nacional Electoral, para su instrumentación práctica y la pregunta que surge es ¿qué podemos obtener de una respuesta vinculante si participa más del cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal tomando en cuenta que, conforme el párrafo final del artículo 64 de la ley de la materia, el resultado tiene efectos vinculantes hasta por el término de tres años posteriores a la declaratoria de validez?

Para contextualizar el posible escenario del cumplimiento del mandato popular, que emane como resultado de la consulta popular, es necesario tomar en cuenta dos elementos a saber:

1) La pregunta formulada no es ambigua, es amplia y contundente, se trata del esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

2) A qué decisiones políticas se refiere y a qué actores políticos del pasado se señala, la respuesta la encontramos en la materia constitucional de la pregunta, es decir, en la exposición de motivos de la solicitud correspondiente, en la cual expresamente se señalan como presuntos delincuentes a los expresidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, pues no podemos desligar la materia constitucional de la consulta de la pregunta misma.

Así ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR goza de un periodo de tres años para implementar, con un fuerte apoyo popular, el resultado de la consulta a través de los mecanismos de la justicia transicional, explico por qué:

En un análisis corto y sesgado de la pregunta reformulada por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, al aprobar como constitucional la materia de la consulta y reformular la pregunta, los críticos de este mecanismo de democracia directa y participativa señalan entre otras lindezas que, para denunciar un delito y al delincuente no es necesario una consulta; que es tan vaga la pregunta que queda en el aire a qué actores y eventos políticos se refieren, de tal manera que el universo de presuntos delincuentes y delitos a perseguir es infinito, por citar los más comunes argumentos de los detractores de la consulta, sin embargo los opositores a la participación ciudadana pasan por alto las siguientes consideraciones que, a continuación se exponen:

Evidentemente, la pregunta tiene que entenderse en el contexto político de la materia de la consulta, es decir, en la solicitud de juicio a los expresidentes SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO, al sujetarla a los marcos de la exposición de motivos de la solicitud de la revisión constitucional porque es de explorado derecho que, para comprender los alcances de un acto legislativo, como lo será cuando se sancione por el Congreso de la Unión la consulta popular, la exposición de motivos del acto de aprobación legislativa nos permitirá encuadrar la dimensión social, política y legal de la pregunta y su respuesta, no puede ser otra, que sancionar a los principales y primeros responsables de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de México, con actos que rayaron en la barbarie y en la violación sistemática de los derechos humanos, como producto directo de la aplicación inmisericorde de las política neoliberales.

En concordancia con lo señalado, el resultado de la consulta sería un mandato amplio y vigente por tres años para que, el Ejecutivo Federal se esfuerce “por garantizar que los procesos y mecanismos de la justicia transicional tomen en consideración las causas profundas de un conflicto o un gobierno represivo y combatan las violaciones que se cometan de todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales” (ONU NUEVA YORK-GINEBRA 2014) que acontecieron en el país en la nefasta época neoliberal.

Tomando en cuenta además que, en 2006, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo al respecto “la justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias del pasado a través de medidas que permitan lograr un futuro equitativo. Esa justicia debe ocuparse de los crímenes y abusos cometidos durante el conflicto que llevó a la transición, pero también tiene que ir más allá y hacer frente a las violaciones de derechos humanos que precedieron al conflicto y lo provocaron o contribuyeron a él” (ONU NUEVA YORK GINEBRA 2014), al definir en grandes pinceladas el objeto de la justicia transicional.

En ese sentido y siguiendo las pautas marcadas por los organismos internacionales de derechos, la justicia transicional en México que tiene que instrumentarse después de la consulta popular debe de ser sobre cuatro ejes, que le den sentido:

a) La obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de los derechos económicos, sociales y culturales.

b) El derecho de la población de conocer de manera amplia la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las víctimas y personas desaparecidas.

c) El derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener el perdón y reparación;

d) La obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro, es decir, mecanismos que garanticen la no repetición.

Bajo esa mirada es obvio que la pregunta de la consulta popular adquiere su real dimensión, buscar instrumentar de manera progresiva la justicia transicional para juzgar y castigar la sistemática violación de los derechos económicos, sociales y culturales, por parte de los gobiernos neoliberales, que llevó al país a una grave crisis de violación de los derechos humanos de los pueblos de México en todos los ámbitos y segmentos, como es de sobra conocido y como parte de una catarsis  y sanación social, para garantizar que nunca más vuelva a suceder.

No es la materia, no es la pregunta, no es la constitucionalidad, es el pánico a la justicia transicional de los actores del pasado, que privaron al pueblo de México de sus derechos económicos, sociales y culturales.

 

 

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