Opiniones Principales

La deuda pública, parte de la herencia de Claudia Pavlovich al próximo gobierno estatal

Por Carlos Germán Palafox Moyers

El gobierno de Claudia Pavlovich está en su fase final y sin duda saldrán algunas asignaturas pendientes en lo relativo a las finanzas públicas. Seguramente uno de los temas más importantes será el relativo a la deuda pública, especialmente la de largo plazo y que, de acuerdo con los registros al mes de diciembre del 2020, es de aproximadamente 27 mil 550 millones de pesos.

El tema de la deuda ha sido tratado como una caja negra donde se guarda información de vital importancia. De ninguna manera hago referencia a la información que se presenta en los portales del gobierno, especialmente a la de Hacienda estatal; me refiero a la información que proporciona poder a un grupo reducido de funcionarios de alto nivel del gobierno estatal, quienes son los que la monopolizan y controlan.

El presente artículo analiza el lado positivo y el lado negativo de la deuda, la importancia de una gestión eficiente del recurso y la diferencia entre reestructurar y refinanciar la deuda. Este último tema será de suma importancia para el próximo gobierno, en lo que respecta a avanzar para lograr unas finanzas públicas sustentables y transparentes.

Lo positivo y lo negativo de la deuda

Los estados y municipios tienen como una de sus funciones centrales la provisión de bienes y servicios que promuevan el desarrollo económico y el bienestar social. Ejemplo de estos bienes y servicios son carreteras, escuelas, centrales de electricidad, potabilizadoras, etc. En ese proceso de satisfacer necesidades sociales, los estados y municipios se enfrentan al reto de realizar inversiones y gastos de alto impacto y, para ello, los gobiernos suelen acudir a la contratación de financiamientos y obligaciones. El acceso al financiamiento es útil ya que permite diferir en el tiempo el pago de obras y otras acciones prioritarias que llevan a cabo los gobiernos y que, de no ser por ese financiamiento por restricciones presupuestarias, no se podrían realizar.

Ahora bien, para que esas obras y acciones resulten benéficas para el crecimiento económico y el desarrollo social, es necesario que los gastos ejecutados incrementen el capital físico (carreteras, puentes, comisarías, etc.), el capital humano (educación, sanidad, etc.), o la productividad de la economía (a través de mejoras tecnológicas, etc.). Por el contrario, cuando los recursos de financiamiento son utilizados para otros fines, como es el pago de altos salarios o compensaciones extraordinarias de los funcionarios públicos, o para el pago de viáticos, gasolina, entre otros gastos superfluos, el endeudamiento genera un bajo impacto sobre el crecimiento y crea una carga presupuestaria para el estado o el municipio que, de ser elevada, puede comprometer la sostenibilidad de sus finanzas públicas.

También en muchas ocasiones se observa que los gobiernos utilizan la deuda como una herramienta para cubrir pagos que se acumulan como consecuencia de déficits presupuestarios, es decir, cuando los ingresos no son suficientes para pagar los gastos. En estos casos, el financiamiento permite resolver de forma inmediata los problemas de liquidez, sin embargo, se aleja del objetivo de creación de desarrollo productivo y bienestar social.

Otro punto importante ligado al anterior es la gestión eficiente del recurso. Gestionar eficientemente el endeudamiento es una tarea compleja y requiere prestar atención a diversos aspectos de los financiamientos contratados y a contratarse. Uno de estos aspectos es el costo del financiamiento. Por ejemplo, si la búsqueda de financiamiento se realiza de forma competitiva, buscando diferentes ofertas y seleccionando aquella que mejor se adapte a las necesidades del financiamiento y que ofrezca un precio menor, se evitará pagar más recursos por una misma cantidad de financiamiento. Así, no solo se trata de endeudarse, sino hacerlo de manera eficiente.

Financiamiento y obligaciones

Como ya lo anotamos, los gobiernos pueden solicitar financiamiento y obligaciones, por lo que es importante distinguirlos: un financiamiento es toda aquella operación constitutiva de un pasivo directo o contingente, ya sea de corto, mediano, o largo plazo, a cargo de los entes públicos, y que se deriva de un crédito o un préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la cual se instrumente. Por su parte, las obligaciones se definen como los compromisos de pago a cargo de los entes públicos derivados de los financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas (APP).

En lo que corresponde a la reestructuración y el refinanciamiento de la deuda de largo plazo, podemos señalar la siguiente: el refinanciamiento hace referencia a la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinan a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados. Por ejemplo, si se encontrara una combinación de dos nuevos financiamientos que pudieran destinarse a la liquidación de una deuda previa, y que significara beneficios financieros para el ente público, la contratación de esos nuevos financiamientos se puede considerar como refinanciamiento. La reestructuración en cambio, hace referencia a la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas para un financiamiento. Por ejemplo, si se puede pactar la mejora de las condiciones de pago sin ampliar el plazo de liquidación de una deuda, se puede proceder a una reestructuración.

De acuerdo con la normatividad, el refinanciamiento y la reestructuración están permitidos para los financiamientos de largo plazo, excluyendo a las APPs, y hay dos posibilidades o vías para llevarlas a cabo:  las que requieren la autorización de los congresos estatales, y aquellas que no necesitan esa autorización. En el siguiente cuadro se exponen algunos casos para las dos vías.

Fuente: SHCP

En el primer caso no se requiere la autorización del Congreso del Estado para llevar el refinanciamiento o la restructura de la deuda y solamente se presenta una mejora en la tasa de interés; sin embargo, no hay período de gracia, y esto podría afectar el perfil de amortizaciones y los plazos de vencimiento.

En el segundo caso, en el que es necesaria la autorización del Congreso, la restructuración afecta, por las comisiones, con un incremento en la tasa de interés. Además, los saldos insolutos se ven incrementados en un 2%, y se otorga un período de gracia.

Tanto el gobierno estatal actual, ya por concluir, como el gobierno anterior, tuvieron un pésimo manejo de las finanzas públicas, especialmente en lo relativo a no poder contener el crecimiento del gasto corriente. Tampoco pudo controlar el déficit financiero, lo que incrementó la necesidad de más financiamiento, y con ello una mayor deuda, originando así un círculo vicioso en las finanzas públicas.  En los últimos años se presupuestó entre 7 mil y 8 mil millones de pesos al año para el pago de los intereses y el principal de la deuda con una ligera reducción de ésta, pero afectando con ello el desarrollo económico y social del estado.

Urge un nuevo gobierno estatal con una visión más responsable sobre las finanzas públicas.

* Docente-Investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y presidente del Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora. Correo institucional german.palafox@unison.mx

 

 

 

 

 

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