Por Armando Saucedo Monarque @saucedomonarque

Una política pública tendiente a conocer el sentir de la ciudadanía, por parte de los gobernantes, es un ejercicio de democracia participativa que en teoría no debería de molestar a nadie, partiendo de que es una sana práctica social, la interlocución directa entre las instituciones estatales y la población porque al final del día es ella la beneficiaria o afectada con el resultado de las acciones y la forma de gobernar de cada funcionario electo.

Por años hemos padecido un despiadado autoritarismo en el ejercicio de gobierno en el que  las autoridades no ven, no escuchan y no hablan con los ciudadanos, pues por más de treinta años han gobernado bajo el código del silencio y la complicidad bajo el paradigma de considerar la cosa pública como un bien de su haber patrimonial, del cual han abusado, dilapidado y ocultado en su provecho personal o de grupo.

La sociedad con un gran esfuerzo y tenacidad arrancó al Estado un mecanismo de visibilidad y ruido de sus aspiraciones y demandas, la consulta ciudadana plasmada en la Ley Federal de la Consulta Popular publicada de inicio en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de marzo de 2014, en donde se estableció un mecanismo de consulta con resultados vinculantes para el poder público, como siempre bajo reglas que buscan más desincentivar el uso de esta herramienta por parte de la sociedad que facilita la escucha ciudadana.

Aun así, los activistas sociales y en menor medida los partidos aliados en la cuarta trasformación iniciaron un proceso de recolección de las firmas necesarias para impulsar la consulta popular sobre el castigo a los expresidentes de la república, fundamentalmente del llamado periodo neoliberal que, en el entramado legal quedó reducida a una pregunta que muchos califican de ambigua o redundante con lo dispuesto en la ley penal, pero cargada de un simbolismo importante para la gran mayoría de los mexicanos, con o sin edad de votar, como es la urgente necesidad de llamar cuentas a quienes encabezaron los regímenes del saqueo de los bienes públicos y comprometieron con ello la soberanía nacional, cometiendo con ello traición a la patria.

No es menor la acusación, no debe de ser menor la condena, ni perdón, ni olvido, a causa de sus políticas el país fue saqueado, se perdieron largos años de desarrollo y quedamos en asuntos estratégicos amordazados por los intereses supranacionales que, en la actualidad con sus aliados criollos, golpean todo intento de lograr el desarrollo nacional, la democracia como forma de vida social, el arropo y protección de los más pobres y la paz tan anhelada en todos los rincones de la patria.

Ahora bien, este ejercicio de consulta participativa tiene otro beneficio colateral, a saber, la formación de una ciudadanía en movimiento en el ejercicio y reclamo de sus derechos, porque permitirá a cada persona hacer valer su opinión con efectos en la autoridad, que no podrá llamarse ajena al sentir popular, independientemente del resultado de la misma, rompiendo con los vicios de la democracia representativa que, en la mayoría de los casos no se ejerce, tomando en cuenta el sentir de los representados debido a los vicios de la partidocracia que padecemos como cáncer en la vida pública, que ha eliminado el sentido de la política bajo el paradigma del bienestar social; es pues, la consulta un primer paso en la democracia participativa que, con el uso se fortalece y da mejores resultados, como es una ciudadanía presta a reclamar y exigir cuentas, que representa el verdadero temor de fondo de quienes se oponen a la misma por los más diversos y variados motivos, que al final todos conducen al miedo al empoderamiento ciudadano.

El ejemplo más papable de lo que puede desencadenar la consulta y un resultado positivo de la misma, está en el estruendoso NO que firmaron los chilenos para evitar que Pinochet siguiera en el poder y que profundizó un proceso de transición a la democracia que tiene a Chile a las puertas de una nueva constitución democrática, originaria, incluyente y pluricultural.

Por eso votemos y votemos sí, este 1 de agosto de 2021.