El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Por Lic. Armando Saucedo Monarque  @saucedomonarque El artículo sexto transitorio de la Ley del Servicio Civil para el Estado originalmente establecía que sería el Tribunal Unitario de lo Contencioso de lo Administrativo del Estado, quien conocería y resolvería los asuntos previstos…

Por Lic. Armando Saucedo Monarque  @saucedomonarque

El artículo sexto transitorio de la Ley del Servicio Civil para el Estado originalmente establecía que sería el Tribunal Unitario de lo Contencioso de lo Administrativo del Estado, quien conocería y resolvería los asuntos previstos en el artículo 112 de la citada ley, es decir quien zanjaría los contradictorios en materia del servicio civil de carácter individual o colectivo, situación que cambió con la expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado el día 4 de diciembre de 2014, pues en la misma en su artículo sexto transitorio se prevé que será el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quien asumirá el conocimiento y resolución de los asuntos del servicio civil, todo ello en tanto se instale y constituya el Tribunal de Conciliación y Arbitraje como instancia de justicia laboral para resolver los conflictos que se dan entre los sujetos de la Ley del Servicio Civil.

No obstante que los trabajadores al amparo de la Ley del Servicio Civil han crecido exponencialmente en la medida que crece las burocracia estatal y municipal, y de sus entidades paraestatales, la justicia del servicio civil sigue su curso e impartición por parte de un Tribunal cuyas constitución orgánica no responde a las necesidades de una justicia laboral bajo los principios de la justicia social en los términos especificados en el artículo 123 constitucional, pues su vocación justiciable está enfocada en la impartición de la justicia administrativa y fiscal que nada tienen de común con la de trabajo.

Esta circunstancia rompe con la evolución histórica y la creación progresiva de órganos de especialización en la administración de la justicia en sus distintos ámbitos, porque se somete a la justicia laboral burocrática a los estrechos marcos de la justicia administrativa que opera bajo el principio de estricto derecho que no es compatible con impartir justicia apreciando en conciencia las pruebas que se presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolviendo los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada y expresando en el laudo las consideraciones en que se funde la resolución como marca el artículo 123 de la Ley del Servicio del Civil, de tal que en la actualidad la justicia burocrática no cuenta con órgano jurisdiccional especializado que instrumentalice la impartición de justicia laboral burocrática.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas ejecutorias ha señalado el perfil que deben de surtir los órganos especializados en la impartición de la justicia, considerando que es indispensable que cuenten con: a) la organización del trabajo (especialización orgánica); b) la asignación de competencias; y, c) el perfil del funcionario, por lo tanto es obvio que, incluso, dejando atrás el problema de corrupción congénita que existe en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, está incapacitado para dirimir los contradictorios del servicio civil bajo los principios pro persona  e in dubio pro operario porque no cuenta con un perfil orgánico afín a la justicia social, al estar diseñado para la resolución de los juicios administrativos, fiscales y anticorrupción, que no guardan ninguna relación con la estructura organizacional de un tribunal del trabajo burocrático, en tanto que, el ámbito de su competencia en materia del servicio civil es transitorio y temporal, de ahí que carezca de idoneidad para abordar y dirimir los conflictos sometidos transitoriamente  a su jurisdicción forzadamente por una normativa transitoria y finalmente, el perfil de los funcionarios que llevan a cabo la labor jurisdiccional del Tribunal tampoco responden al perfil y a la sensibilidad que deben de tener los funcionarios que imparten justicia en materia laboral burocrática, pues su formación responde a un criterio de impartición de justicia bajo el principio de estricto derecho lejos, muy lejos de la justicia social a que se refiere el artículo 10 de la Ley del Servicio Civil, sin contar las malas prácticas en la materia.

El origen de la resistencia estatal de constituir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene que ver con su condición de patrón abusivo e incumplido pues es un hecho notorio el acoso laboral a que somete a sus trabajadores y la condición de vulnerabilidad en que desempeñan su trabajo, sin descontar la inseguridad laboral que viven cada tres o seis años, según el caso, y el menoscabo y regateo de sus prestaciones y seguridad social, como marcas de la casa.

Por lo tanto, un gobierno garantista interesado en brindar el acceso a la justicia a la sociedad en su conjunto y a los trabajadores burocráticos en especial, está obligado a satisfacer este derecho con la constitución e integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como órgano encargado de dirimir los contradictorios que se susciten entre los sujetos del derecho burocrático en términos del artículo 112 de la Ley del Servicio Civil, derecho humano que puede garantizarse  sin afectar la Hacienda Estatal, si se rediseña el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que peca de un gigantismo burocrático aderezado de un manejo oscuro y poco transparente de su presupuesto, necesario de corregir para garantizar plenamente el acceso a la justicia a todos los sonorenses.