Las disyuntivas de la consulta popular

Por José Arturo Rodríguez Obregón   En el año 2012 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la consulta popular, un importante mecanismo de participación ciudadana con un gran potencial para mejorar el funcionamiento de nuestro régimen…

Por José Arturo Rodríguez Obregón 

 En el año 2012 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la consulta popular, un importante mecanismo de participación ciudadana con un gran potencial para mejorar el funcionamiento de nuestro régimen democrático y que, a diferencia de la participación que se desarrolla para la elección de nuestros gobernantes, se implementa para que la ciudadanía pueda intervenir de manera directa en las decisiones de esos gobernantes.

En efecto, y de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, con la consulta los ciudadanos podemos participar e influir en las decisiones de los poderes públicos, e incluso tomar las decisiones en nuestras manos, a través del voto, en temas de trascendencia nacional o regional que sean competencia de la Federación. Dos años después, en el 2014, se presentaron las primeras solicitudes de consulta popular, mismas que no prosperaron pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación las consideró inconstitucionales.

El PRD y MORENA, presentaron cada uno solicitudes de consulta que versaban sobre la reforma energética, la que presentó el PAN tenía que ver con el salario mínimo, en tanto que la solicitud del PRI planteaba la disminución de la cantidad de diputados de representación proporcional y la eliminación de las senadurías que se eligen por la misma fórmula electoral. Para las tres primeras solicitudes la Suprema Corte determinó que estaban relacionados con la materia de ingresos y gastos del Estado, y que la del PRI era materia electoral, materias o temas que el artículo 35 constitucional prohíbe consultar.

Será el próximo primero de agosto cuando podremos estrenar con todas las formalidades contenidas en la Constitución Política y en la Ley Federal de Consulta Popular, ese importante instrumento de participación ciudadana, con la consulta popular sobre la viabilidad para iniciar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas de los últimos cinco ex presidentes del país, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, y cuya solicitud envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Senadores el mes de septiembre del año pasado.*

Siendo la primera consulta popular en su tipo, y ante la relevancia que tiene para iniciar un proceso de democratización del ejercicio del gobierno, es importante analizar las disyuntivas que se le presentarán a la ciudadanía, así como los posibles efectos que tendrían sus decisiones.

1 . Votar o no votar 

En esta disyuntiva, participar en la consulta popular es la única decisión responsable que podemos tomar como ciudadanos, tanto porque estaríamos cumpliendo con una obligación constitucional (art. 36), como ejerciendo un derecho ciudadano (art. 35) que fortalece nuestra capacidad de decisión en temas trascendentales de interés público, y con ello coadyuvar al mejoramiento de nuestra democracia. Nuestra participación en la consulta es de mucha relevancia para iniciar de manera exitosa un proceso de empoderamiento ciudadano que nos permitirá transitar hacia una mejor democracia, en la que el interés público sea el faro que oriente las decisiones gubernamentales.

Es cierto que es muy probable que el próximo domingo 1° de agosto se registre un alto abstencionismo, si consideramos que en la última elección, la del pasado 6 de junio, el 47 % de la lista nominal de electores no acudió a las urnas, y que por lo regular en las consultas populares o ciudadanas que se llevan a cabo en una fecha diferente a la de la elección de gobernantes el abstencionismo se incrementa aún más, como ha sido el caso en las pocas experiencias de consultas que se han llevado a cabo en el país.

Ante el gran reto de impulsar ese empoderamiento ciudadano, no debemos faltar a la cita democrática del próximo 1° de agosto, y sería un error y una gran irresponsabilidad atender el llamado que están haciendo algunos actores políticos, entre ellos un expresidente y el dirigente de un partido político nacional, de no participar en la consulta.

Este irresponsable llamado tiene como único objetivo proteger a los ex presidentes que pueden resultar afectados con el resultado de la consulta, con el razonamiento de que si no se alcanza el 40 % de participación de la lista nominal de electores, el resultado, que se prevé que sea mayoritariamente por el SÍ, no sería vinculante u obligatorio para el Presidente y, por consiguiente, no se llevaría a cabo ese proceso de esclarecimiento de sus decisiones políticas.

Pero algo que esos actores y quienes los sigan están perdiendo de vista, es que aun cuando el resultado de la consulta no tenga legalmente un efecto vinculatorio, por no cumplirse con ese requisito legal de participación, el Presidente puede considerarlo como un elemento importante para decidir iniciar ese proceso, más aún si el resultado favorable al SÍ es contundente. La ley no se lo prohíbe. Esta ha sido la experiencia de los plebiscitos que se han llevado a cabo en algunos municipios del país, como el del municipio de Chihuahua, Chih., realizado en el 2019, y en el que se consultó sobre la concesión del servicio del alumbrado público, y el del municipio de El Marqués, Qro., del año 2016, con una consulta sobre la concesión del servicio de recolección de basura. En ambos casos, y aun cuando no se alcanzaron los porcentajes de participación ciudadana requeridos por ley para que los resultados fueran vinculatorios, pero ante una manifestación mayoritaria en contra de las concesiones que arrojaron los dos plebiscitos, los presidentes municipales decidieron dar marcha atrás y cancelar las concesiones.

También el Presidente López Obrador ha acatado las decisiones mayoritarias en las consultas que ha convocado, aun cuando la participación ciudadana haya sido muy baja. No veo por qué la próxima consulta popular tenga que ser la excepción. De hecho, las consultas de los gobernantes a la ciudadanía en los procesos decisorios es una práctica muy conveniente y necesaria para la buena salud de una democracia, máxime si el ejercicio del gobierno y de la administración pública se han caracterizado por la opacidad, la corrupción y por decisiones que solo beneficiaron a un reducido grupo de la clase gobernante y del empresariado.

2. Votar por el SÍ o votar por el NO

Esta disyuntiva la tendremos los que acudiremos a votar en la consulta y votar por el es dar un paso muy importante en la solución de los principales problemas públicos del país, como son la corrupción, la impunidad y el abuso del poder político, y significaría demostrar a los actuales y futuros gobernantes que ya contamos con un mecanismo efectivo para intervenir e influir en sus decisiones, ya sea para respaldarlas y legitimarlas cuando sean favorables al interés general, o para rechazarlas cuando lo perjudiquen. Y No olvidemos que los ciudadanos también podemos solicitar la consulta popular, reuniendo el requisito de que la solicitud la respalde el equivalente al menos al 2 % de los inscritos en la lista nominal de electores.

Con la opción NO o con la anulación del voto, estaríamos desaprovechando la primera oportunidad histórica que se nos presenta para darle efectividad a un nuevo medio de participación con el cual podemos incitar a nuestros gobernantes a ser más sensibles y receptivos a las demandas ciudadanas. Votar NO o anular el voto nos convertiría en consentidores y cómplices de la corrupción, de la impunidad y del mal gobierno.

Comentarios finales

Como lo hemos visto, la primera consulta popular tiene una gran relevancia para el futuro de nuestra democracia. Con nuestra participación y votando por el estaremos dando un paso importante hacia una democracia participativa, en la que es posible una relación más horizontal entre el gobierno y la ciudadanía, y en la que podemos ejercer la máxima función de la participación política, como lo es intervenir de manera directa y efectiva en los procesos de toma de decisiones del gobierno.

Seguramente este primer ejercicio de consulta popular motivará un análisis y discusión públicas acerca de su diseño, y sin duda uno de los puntos más importantes a analizar será el de la facilitación de su efecto vinculante, para lo cual será necesario reducir el porcentaje de participación requerido para ello. También, y con el mismo objetivo, debe considerarse la conveniencia de volver a la fecha que originalmente se había fijado para realizar las consultas populares, que era la misma de la jornada electoral federal, pero que por una reforma al artículo 35 constitucional llevada a cabo en el año 2019, se cambió para el primer domingo de agosto. Así, al menos en los años con elecciones federales se aseguraría una mayor participación ciudadana en las consultas populares, además de que se evitaría una movilización de los millones de ciudadanos que de alguna u otra manera participan en esos procesos, y se evitaría el gasto que implica.

Otro punto importante en el análisis es el de las materias que, de acuerdo al artículo 35 constitucional, no pueden ser objeto de consulta popular, pues una de ellas, la del sistema financiero, ingresos y gastos de la federación, es tan general o ambigua que puede abarcar muchos temas o materias de competencia de los poderes públicos federales, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la constitucionalidad de las materias sobre las que se soliciten las consultas. En este sentido, sería muy conveniente ser más específicos en esa materia para darle mayor viabilidad a las consultas populares.

* Es importante anotar que la pregunta para la consulta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una facultad que le reconoce la Ley Federal de Consulta Popular. La pregunta que propuso el Presidente López Obrador en su solicitud fue la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. La pregunta que aparecerá en las papeletas para votar es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

 José Arturo Rodríguez Obregón es Licenciado Ciencias Políticas y Administración Pública, con estudios de Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal. Es Profesor jubilado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Sonora.